Comentario publicado en la página web "La Ley" el sábado 05/12/2015
http://laley.pe/not/2954/-la-liberacion-de-los-fondos-de-la-afp-es-inconstitucional-/
lunes, 7 de diciembre de 2015
viernes, 20 de noviembre de 2015
Sistema Privado de Pensiones: De las Tablas de Mortalidad, la entrega de fondos y otros demonios
En el Sistema Privado
de Pensiones (SPP), la prestación que cada uno percibirá va a depender del
fondo acumulado en su Cuenta Individual de Capitalización.
El problema se
presenta cuando no sabemos exactamente hasta qué edad viviremos.
Si una persona se jubila a
los 65 años, vive hasta los 75 y tiene un fondo de S/.180,000 soles, puede
recibir unos S/.1,500 soles mensuales por el resto de sus días, pero ¿qué pasa
si vive hasta los 85 o los 95? El monto de su pensión tendría que reducirse. Si
finalmente muere a los 80, la mitad de su fondo quedó intacto y será entregado
a sus herederos, pero el afiliado pudo haber disfrutado -en vida- del doble de
su pensión.
Como no sabemos
cuántos años vivirá cada afiliado, es necesario elaborar un modelo teórico que nos permita proyectar
las probabilidades de vida y muerte de una población en función de la edad. La
Tabla de Mortalidad (TM) es el instrumento que va a permitir fijar el monto de
la pensión en atención a dicha proyección.
Esta es la razón por
la cual los datos consignados en la TM deben ser lo más cercano a la realidad
nacional, para que las AFP y las Compañías de Seguro cuenten con una
información certera que les permita calcular las reservas de las futuras
obligaciones.
Mediante Resolución
SBS N° 309-93 (18/06/1993) se autorizó, para el cálculo de las reservas de los
seguros previsionales -invalidez, sobrevivencia y gastos de sepelio-, la
utilización de las TM chilenas de 1985 (B-85). Esta fue una solución temporal
ante la falta de información propia en un sistema previsional que empezaba a funcionar,
pero -como
suele
suceder- está medida transitoria fue aplicada por muchos años.
La expectativa de
vida en Chile es diferente, pues varía en función a la edad, género, causas de muerte,
niveles de pobreza y condiciones socioeconómicas de su población. Si la
esperanza de vida es mayor, el monto de pensión es menor, y viceversa, de ahí
la necesidad de contar con una TM ajustada a los datos de nuestra realidad.
En el Perú se
utilizaron tres TM diferentes: primero, las tablas chilenas B-85, hasta que por
la Resolución SBS N° 354-2006 (21/03/2006) se aprobó el uso de nuevas tablas
-también chilenas- con datos actualizados al 2004 (RV-2004), que fueran
modificadas posteriormente por la Resolución SBS N° 17728-2010 (28/12/2010).
Los recientes cuestionamientos al SPP han surgido
porque hace algunas semanas la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS)
pre-publicó una TM -que pretendía aplicar a partir de Enero de 2016- en la cual
determinaba, sobre la base de un informe de Deloitte (España), el aumento de la
esperanza de vida para los afiliados del SPP en el Perú: hasta 87 años para los
hombres y hasta 90 años para las mujeres.
Ante la ola de
críticas, que llevaron incluso al Superintendente ante el Congreso de la República,
el 11/11/2015 la SBS emitió un comunicado informando que se dejaban sin efecto
las TM pre-publicadas, para “asegurar una
adecuada discusión técnica en un marco total de transparencia que siempre ha
caracterizado a la institución”.
Más allá de las TM en
sí, nos preocupa que el tema previsional pretenda ser resuelto con medidas
parciales, como el proyecto que pretende otorgar el 95% de los fondos a los
afiliados de las AFP cuando se jubilen (a los 65 años).
Estamos frente a una
propuesta típica de época de elecciones, que carece de sustento técnico y lo
único que va a lograr en un futuro -de ser aprobada- es que tengamos más
afiliados en el padrón de “Pensión 65”.
Si en países como
Australia, donde se entrega a los afiliados el 100% de sus fondos, éstos suelen
agotarlos en un promedio de 10 años, es probable que en el Perú dichos recursos
no lleguen ni al fin de mes, pues no existe una cultura generalizada de ahorro
y sí, más bien, mucho desconocimiento en materia de inversiones.
El ahorro previsional
puede ir de la mano con el ahorro ordinario y las inversiones que los
ciudadanos con ingresos altos y medios quieran y/o puedan realizar, pero no
debe ser sustituido por éstos, porque es una garantía -así sea mínima- de un
ingreso básico para cubrir las necesidades más esenciales.
El peruano suele
ahorrar para objetivos de corto o mediano plazo (un carro, una casa, estudios,
etc.), pero no con fines previsionales, que erróneamente vinculan a la vejez
(jubilación), pues una pensión nos puede servir hoy mismo, si sufrimos un
accidente o una enfermedad (invalidez), incluso si fallecemos (viudez,
orfandad, etc.).
Olvidamos además, que
uno de los principales problemas del SPP es la morosidad del pago de los aportes
retenidos a los trabajadores dependientes por sus empleadores, lo que origina la
existencia de 750 mil procesos judiciales y una deuda en las Cuentas Individuales
de Capitalización de los afiliados que superaría los S/. 22 mil millones de soles,
que sumado a la informalidad laboral (70% en promedio), impide que la mayoría de
peruanos tengan una protección presente -y futura- en materia de seguridad
social.
Hace unos días Prima
AFP (adjunto enlace) presentó algunas propuestas interesantes que valdría la
pena evaluar. Esto muestra que todos -de un extremo u otro- podemos aportar
para la mejora del SPP, priorizando a quien debemos priorizar: al afiliado.
http://gestion.pe/tu-dinero/afp-prima-propone-que-afiliados-puedan-usar-fondos-acceder-credito-hipotecario-sin-pagar-cuota-inicial-2148762
La reforma integral
del sistema previsional (privado y público) es el bosque en el cual debemos
concentrarnos, en lugar de fijar la mirada sólo en algunos de sus árboles.
martes, 1 de septiembre de 2015
Precedente del TC: Los intereses legales en materia previsional NO son capitalizables
Es
materia del presente comentario analizar el precedente jurisprudencial
vinculante contenido en la STC N° 02214-2014-PA/TC (Caso Puluche), para
lo cual es necesario dar una mirada previa a la evolución temporal del
tratamiento del pago de los intereses previsionales.
Cuando
una persona solicita el otorgamiento de una pensión de invalidez, jubilación o
sobrevivientes del Sistema Nacional de Pensiones (SNP), creado por D.Ley N°
19990, suele transcurrir un lapso -a veces corto, otras prolongado- desde que
presenta su pedido hasta que se le reconoce (y empieza a pagar) la prestación
reclamada.
Se
consideran pensiones devengadas las que deben pagarse a partir del día
siguiente en que el asegurado adquiere la condición de pensionista
(contingencia), dentro de las cuales se incluyen las generadas durante el
tiempo que dure el proceso administrativo -y, de ser el caso, el judicial- de
otorgamiento de la prestación.
Por
reintegro, entendemos al diferencial existente entre lo que se pagó al
pensionista y el monto que en realidad le correspondía percibir. Por ejemplo,
Juan Pérez tiene una pensión de S/. 500 Nuevos Soles, pero por la aplicación de
una norma determinada, considera que deben ser S/. 800 Nuevos Soles. De obtener
un pronunciamiento a su favor, existiría un diferencial de S/. 300 Nuevos Soles
por cada mes.
En ambos casos resulta de aplicación el Art. 81º
de la norma citada, que establece que se abonarán los devengados (y reintegros)
de un período no mayor a doce (12) meses anteriores a la presentación de la solicitud. Por ejemplo, Juan
Pérez cesó el 01/01/2008 con la edad y años de aportes para jubilarse, sin
embargo, recién solicita su pensión el 01/01/2012: sólo tendría derecho a los devengados
generadas desde el 01/01/2011, es decir, doce (12) meses antes de presentada su
solicitud. A dicho monto se agregan los meses (o años) que dure el proceso
administrativo y, de ser el caso, el judicial.
El
derecho a solicitar el otorgamiento de una pensión es imprescriptible, pero el
pago de los devengados y reintegros sí está supeditado a la presentación de la
solicitud, lo cual demuestra que ambas fechas -de otorgamiento de pensión e
inicio de pago de los devengados- no tienen que ser las mismas. En el caso
anterior, Juan Pérez tendría derecho a pensión desde el 02/01/2008, pero a su devengado desde el
01/01/2011.
La
validez de ese criterio ha sido reconocida por el Tribunal Constitucional -por
todos- en
la STC Nº 02187-2003-AA/TC[1], al señalar que la aplicación
del Art. 81º para calcular los devengados, como consecuencia de la demora del
asegurado en la presentación de su solicitud, no implica la vulneración del
derecho a la pensión.
En
tal sentido, a nivel normativo y jurisprudencial no existía duda alguna
respecto de la forma de cálculo de los devengados y reintegros, sin embargo, un
día a alguien se le ocurrió, que si el Estado debía pagar dichos conceptos por
la demora en el trámite y/o un error en el cálculo de la prestación, dicha
demora debía generar intereses.
Ni
el D.Ley Nº 19990 ni su Reglamento (D.S. N° 011-74-TR) hacían referencia alguna
al pago de intereses legales devengados o reintegros de pensión, por tanto,
para que este derecho fuera reconocido era necesario un mandato judicial.
En
efecto, hasta la emisión de la STC Nº 00065-2002-AA/TC[2], se discutía si resultaba
viable
el pago de intereses legales en materia
previsional, al tratarse de un concepto de naturaleza patrimonialista, perteneciente al campo del Derecho Civil (obligaciones),
que a primera vista resultaba incompatible con los principios del Derecho
Previsional, en el cual priman las necesidades colectivas (solidaridad) respecto
al beneficio individual.
En la medida que el Código Civil,
invocado por el Tribunal Constitucional en dicho fallo, prevé que los intereses
pueden ser, por su finalidad, compensatorios[3] o moratorios[4], y, por su origen, convencionales[5] o legales, era necesario determinar
dónde se ubicaba el pago de intereses en materia previsional.
Si
el pago de interés previsional nacía de la demora del proceso administrativo y/o
judicial,
estamos frente a uno moratorio; por otro lado, si
entre la ONP y los asegurados no existe un convenio, contrato o similar que
regule las condiciones de dicho pago, la obligación se originaría por un
mandato legal (el Código Civil).
En
tal sentido, como se reconoce en el fundamento 12 del fallo comentado, en
materia de pensiones el interés que se paga es uno “moratorio legal”.
Si
bien durante algún tiempo existió una discusión complementaria respecto a la
fecha de inicio del cálculo del interés, pues en aplicación del Art. 1334º del
Código Civil se entendía que debían calcularse a partir de la fecha de
notificación de la demanda, por ser una obligación nacida de un mandato
judicial, este cuestionamiento fue zanjado a finales del 2008, cuando la Cas. N°
1128-2005 La Libertad[6] y la STC Nº 05430-2006-PA/TC[7], que constituían precedentes vinculantes, indicaron que
los intereses se debían calcular desde la misma fecha de los devengados, al ser
un concepto accesorio.
El
fallo del Tribunal Constitucional fue criticado desde la perspectiva procesal,
en tanto ordenaba a los jueces a disponer el pago de los devengados e intereses
legales en las demandas previsionales aunque no dichos conceptos no hubieran
sido incluidos en el petitorio, pues contravenía manifiestamente la prohibición
del fallo extra petita[8].
Superada
la discusión relativa a la fecha de inicio del cálculo de los intereses
subsistía una duda: para el cálculo se deberá aplicar la tasa laboral[9] o la tasa efectiva.
Por
un lado, la capitalización (anatocismo) está prohibida para las obligaciones
que no sean
derivadas de cuentas mercantiles, bancarias o
similares (Código Civil, Art. 1249º), pero, por el otro, tampoco podía
utilizarse la tasa laboral, pues el D.S. N° 070-98-EF, en su Sexta Disposición
Transitoria, precisaba que los aspectos relativos a regímenes previsionales no eran
de naturaleza laboral, sino de seguridad social[10].
La
diferencia entre ambos cálculos es abismal, pues mientras en el primero se
sumará al capital (deuda principal) el interés simple, en el segundo se suma el
interés sobre el interés (anatocismo o capitalización). El ejemplo más claro
consta en la sentencia que se comenta (pág. 2, num. 3), en la cual se aprecia
que el cálculo realizado por la ONP -sin capitalización- ascendía a S/.20,533.95, mientras que por el mismo periodo (1990 a 2005) el Informe
Pericial Contable del Poder Judicial lo fijaba en S/.93,486.60 (con
capitalización), es decir, más del cuádruple de diferencia entre ambos montos.
Si la deuda corresponde a plazos considerables de tiempo, como
ocurre con el pago de devengados, que abarca varios años, hablamos del doble o
triple de diferencia.
En
el plano normativo la discusión fue resuelta -aunque de forma temporal- por la
Ley N° 29951[11], que en su Nonagésimo Sétima Disposición Complementaria
señaló: “… a partir de la vigencia de la presente Ley, el interés que
corresponde pagar por adeudos de carácter previsional es el interés legal fijado
por el Banco Central de Reserva del Perú. El referido interés no es
capitalizable de conformidad con el artículo 1249º del Código Civil y se
devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento
hasta el día de su pago efectivo, sin que sea necesario que el acreedor
afectado exija judicial o extrajudicialmente el incumplimiento de la obligación
o pruebe haber sufrido daño alguno (…) los procedimientos administrativos,
judiciales en trámite o en etapa de ejecución, o cualquier adeudo previsional
pendiente de pago a la fecha, se adecuará a lo establecido en la presente
disposición”.
En el terreno judicial existieron diversas posturas
respecto a la aplicación de la norma, pues algunos jueces consideraban que sólo
aplicaría para deudas generadas a partir de su entrada en vigencia, otros, que
sólo alcanzaría a las deudas del 2013, pues se le había incluido en la norma
del presupuesto de dicho año.
En fin, subsistían las dudas en cuanto a la naturaleza
de la tasa aplicable en materia previsional, más aún cuando al ser cuestionada
la utilizada por ONP -con el porcentaje fijado por el Banco
Central de Reserva (BCR), pero sin capitalización- el juez ordenaba que se realice una liquidación o peritaje judicial, o
utilizaba el sistema INTERLEG, pues en los dos casos el cálculo se realizaba
con la tasa efectiva capitalizable.
Dejamos
constancia que esta misma postura -que los intereses legales previsionales debían
ser pagados con la tasa no capitalizable- ya había sido asumida el 13/11/2009
en el Pleno Jurisdiccional Distrital Civil de la Corte Superior de Lima (Tema
N° 1, punto III), sin embargo, no se extendió a las otras judicaturas: laboral,
contencioso, etc.
En dicho escenario, el fallo comentado resulta
determinante para pacificar el tema, ya que si bien, como indica el fundamento
21, la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria de
la Corte Suprema ha establecido en la Cas.N° 5128-2013 Lima[12]
que los intereses legales previsionales deberán ser calculados con la
tasa fijada por el BCR, por con la limitación contenida en el Art. 1249º del
Código Civil (prohibición del anatocismo o capitalización), era necesario que
también en el ámbito jurisprudencial del Tribunal Constitucional se estableciera
un precedente que se pronuncie de forma expresa sobre este tema, pues -como
hemos indicado- no se puede pretender que las reglas aplicables para las deudas comerciales, bancarias o mercantiles, como el interés compuesto o
capitalizable (anatocismo), sean utilizadas en obligaciones previsionales, que
por su naturaleza privilegian las necesidades de las mayorías (solidaridad), y
que procuran proteger la intangibilidad de los fondos y reservas de la
seguridad social.
jueves, 25 de junio de 2015
¿Exonerar o no exonerar las gratificaciones? He ahí el dilema... de Seguridad Social
Este artículo ha sido elaborado en coautoría con el Dr. Javier Paitán Martínez (abogado por la UNMSM) y saldrá publicado en la siguiente edición de "Gaceta Constitucional".
I. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA
En los
pasados días asistimos a una interesante disputa entre el Poder Ejecutivo y el Congreso
de
la República respecto
a la posibilidad de exonerar de forma permanente a las gratificaciones de Fiestas Patrias
y Navidad de las aportaciones, contribuciones y/o descuentos de toda índole, y,
en especial, el hecho que la cotización al Seguro Social de Salud (EsSalud), a
cargo de los empleadores, sea pagada directamente a los trabajadores como
bonificación extraordinaria de carácter temporal no remunerativa ni
pensionable.
La
discusión no era nueva. En realidad, data del año 2009, en que se exoneró por
primera vez a las gratificaciones de dichos gravámenes, sin embargo, siempre
fue una medida de orden temporal que se iba prorrogando cada año. La diferencia,
en esta oportunidad, radicaba en el hecho que la propuesta era convertirla en
permanente.
Pese a
que el Poder Ejecutivo observó el proyecto de ley presentado por el Congreso de
la República, se insistió (y persistió) en la aprobación del texto aprobado en
la Sesión del Pleno del 21/05/2015, logrando -al amparo de lo dispuesto por el artículo
108º de la Constitución- que sea publicado el 24/06/2015 en el Diario Oficial
“El Peruano” como la Ley N° 30334, bajo el nombre de “Ley que establece medidas
para dinamizar la economía en el año 2015”.
Esta medida, en principio, parece beneficiosa para
los trabajadores y pensionistas, pues les permite disponer de mayor liquidez
(9% y 4% adicional de sus ingresos, respectivamente), sin embargo, desde el
punto de vista del Derecho de la Seguridad Social se discute si esta medida, a
la larga, implica una desprotección, al afectar no sólo el financiamiento de
las prestaciones de salud, sino también los fondos pensionarios (colectivos e
individuales).
El tema es sensible, por su incidencia en el aspecto
social, económico y político, en especial, ad portas de un año preelectoral,
sin embargo, debemos tener presente que los efectos de estas medidas en el
plano previsional suelen manifestarse (y padecerse) décadas después, cuando ya
no exista la posibilidad de revertir las consecuencias negativas.
Si bien es entendible que la reacción inmediata del
ser humano al tener que decidir entre el descuento para atender gastos presentes,
respecto a la previsión (ahorro) para contingencias futuras - como
la vejez o una enfermedad o accidente- sea la de priorizar el hecho de contar
en la actualidad con mayor liquidez, corresponde precisamente al Estado en su
conjunto (Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial) prever las medidas que sean
más convenientes para asegurar el bienestar de la colectividad, antes que las
que sean más populares en las urnas.
Es cierto que EsSalud también ha colaborado en
formar en la población la imagen de ser una entidad con cierto grado de
ineficiencia, lo que ha facilitado la legitimación de esta medida, pero más
allá de los aciertos y fallos de determinada administración, sin embargo,
debemos tener presente que resulta indispensable contar con dichos fondos para
asegurar la base para el pago de las prestaciones a su cargo -como los
subsidios por incapacidad, maternidad, etc.- y el financiamiento de las
atenciones sanitarias y la construcción de los centros hospitalarios; además,
al exonerar también a las gratificaciones de las aportaciones a la ONP y las
AFP, se afecta el fondo común solidario del Sistema Nacional de Pensiones (SNP)
y el monto de las cuentas individuales de capitalización de los trabajadores
afiliados al Sistema Privado (SPP), cuya futura pensión depende precisamente de
un ahorro regular y constante.
La seguridad social es un derecho fundamental que se
manifiesta a través de prestaciones de diversa naturaleza (atenciones sanitarias,
prestaciones económicas, pensiones, etc.), que se verán afectadas -en el
nivel cuantitativo y cualitativo- como consecuencia de esta exoneración, a
partir de lo cual nos surgen las siguientes
interrogantes:
a)
¿afecta el derecho de
fundamental de la seguridad social?
b)
¿afecta el principio de
solidaridad?
c)
¿es necesario reafirmar
la deslaboralización de la seguridad social?
d)
¿es una medida técnica
o política (con tendencia populista)?
En las siguientes líneas
intentaremos dar una respuesta a dichas interrogantes, partiendo de la revisión
de los antecedentes de este problema.
II PRINCIPIOS
DE LA SEGURIDAD SOCIAL: LA SOLIDARIDAD
La seguridad
social es esencialmente un mecanismo de protección que tiene por finalidad
brindarnos las herramientas o prestaciones necesarias para atender las diversas
contingencias (accidente, enfermedad, embarazo, vejez, muerte, etc.) que se
presenten a lo largo de la vida, con el objetivo de que mantengamos un nivel
que nos permita atender las necesidades básicas, lo que -en un modelo
tradicional- se logra a través de la redistribución de las rentas.
Dentro de las
bases fundamentales de esta disciplina, al igual que en las demás ramas de la
ciencia jurídica, encontramos ciertos principios esenciales que se constituyen
en las pautas generales o líneas directrices para la formación de sus normas y
para solucionar los problemas derivados de las ya existentes o los vacíos que
se presenten al resolver casos concretos.
Existe
coincidencia pacífica en la doctrina en reconocer que la seguridad social tiene
como principios básicos los siguientes: la universalidad, la solidaridad, la
integralidad, la unidad y la internacionalidad, a los cuales ciertamente se
pueden sumar otros de carácter operativo y los que derivan de instrumentos
internacionales[1].
Ermida[2]
utiliza una clasificación de los principios divida bajo los siguientes
criterios: respecto a los sujetos, la universalidad subjetiva; respecto a los
riesgos, la universalidad objetiva; respecto al financiamiento, la solidaridad
y la eficiencia; respecto a las prestaciones, la equidad e igualdad y la calidad;
y, respecto a la administración, la unidad.
La solidaridad, según Devealli[4],
encuentra su primera manifestación en el ámbito familiar, en las relaciones
entre padres e hijos, extendiéndose a los trabajadores en virtud de los seguros
sociales, para después amparar a todos los habitantes del país, mediante las
instituciones de asistencia social o cuando los seguros sociales se convierten
en un servicio público, y, finalmente, se convierte en un medio para realizar
una política de redistribución de la riqueza entre los distintos sectores
sociales.
Tomando lo expuesto en el Informe Beveridge[5],
la solidaridad es la base de las diferentes etapas de evolución de los sistemas
de protección social, pasando por la fraternidad entre los hombres, la caridad
privada y luego la voluntaria, la ayuda mutua (recíproca), limitándose
posteriormente a los trabajadores (seguro social), para finalmente incluirse en
la seguridad social, como principio rector, con una connotación más amplia, de
tipo universal, puesto que su cobertura alcanza a todos los ciudadanos.
Es entonces la manifestación de la fraternidad entre los hombres que impone
que quienes convivan en una sociedad se presten ayuda recíprocamente,
compartiendo beneficios y riesgos más allá del interés individual[6].
Respondiendo al principio de la solidaridad, la seguridad social debe ser
lograda por la cooperación del Estado y el individuo.
De lo expuesto, podemos
concluir que el principio de solidaridad supone que toda la sociedad contribuya
al financiamiento del sistema, según sus posibilidades, sin que deba existir
otra expectativa subjetiva que el derecho a recibir protección según sus
necesidades: la idea de contraprestación es sustituida por la de participación.
La solidaridad
es esencial para la seguridad social, no se trata solamente de un factor
opcional o contingente que puede existir o no, sino de un elemento
indispensable para que la seguridad social sea lo que debe ser[7].
Las
contribuciones exigidas para financiar la seguridad social -tanto en salud como
pensiones- deben ser obligatorias, al estar fundadas en la solidaridad, con
independencia de los beneficios que puedan recogerse de los aportes, pues estamos
en el terreno de la justicia distributiva, no en el de la conmutativa, por
tanto, un asegurado no debería reclamar que le sea devuelto -en dinero o
prestaciones- un beneficio equivalente al monto que cotizó durante determinado periodo,
pues en un sistema de reparto (fondo común), así como en un sistema de
cobertura en salud (régimen contributivo y subsidiado total y parcial), se
pierde la individualidad de las contribuciones.
III. (DES) LABORALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD
SOCIAL
La seguridad social viene evolucionando
aceleradamente desde mediados del siglo pasado, al punto que podemos afirmar
que cuenta con principios, doctrina y normatividad especial y diferenciada del
campo laboral, por tanto, no cabe duda que desde hace varias décadas cuenta con
plena autonomía científica[8].
En tal sentido, si bien el Derecho del Trabajo y el
Derecho de la Seguridad Social estuvieron por muchos años vinculados tanto en
el plano doctrinario como a través de sus instituciones[9],
ello no debe impedir un tratamiento actual marcadamente diferenciado entre
ambas ramas, a pesar de estar vinculadas en el plano social, como las dos caras
de una misma moneda.
En el Perú, como anota Neves[10],
tanto en la Constitución de 1979 como en la de 1993, “pese a que la autonomía
de la seguridad social es hoy reconocida de modo prácticamente unánime por la
legislación y la doctrina, hay un evidente campo de interacción entre esta
disciplina y el Derecho del Trabajo, que está conformado por la porción de la
seguridad social que (le) corresponde a los trabajadores”. Esta situación
genera hasta hoy cierto nivel de desconcierto, sobre todo cuando se emite
normas de carácter laboral con incidencia en lo previsional, como ha ocurrido
con la Ley N° 30334.
IV. RÉGIMEN CONTRIBUTIVO DE LA SEGURIDAD
SOCIAL EN SALUD
En tanto existen estos diferentes
regímenes del sistema de seguridad social en salud, que por un lado cuenta con
un régimen de subsidio (total y parcial) a cargo del Ministerio
de Salud y el Seguro Integral de Salud (SIS), y, por el otro, con un régimen
contributivo en el cual se encuentran el Seguro Social de Salud del Perú
(EsSalud), la Sanidad de las Fuerzas Armadas y la Sanidad de las Fuerzas
Policiales, las Entidades Prestadoras de Salud (EPS).
Ambos
regímenes, además de estar supervisados por el Estado a través de la Superintendencia Nacional de Salud (Susalud)[11], son los
sistema de salud más importantes del país, fundados bajo el principio de la
solidaridad como pilar de su financiamiento y de sus sostenibilidad en el
corto, mediano y largo plazo para la prestación del servicio de atención en
salud.
EsSalud,
creado sobre la base del ex Instituto Peruano de la Seguridad Social (IPSS), es
un organismo público descentralizado, con personería jurídica de derecho
público interno, adscrito al Sector Trabajo, con autonomía técnica,
administrativa, económica, financiera, presupuestal y contable[12].
Dentro de las prestaciones a su cargo tenemos las siguientes:
a)
Prestaciones
preventivas y promocionales de la salud: Tienen por objeto conservar
la salud de la población, minimizando los riesgos de su deterioro. Están
comprendidos la educación para la salud, la evaluación y el control de riesgos
y las inmunizaciones.
b)
Prestaciones
de recuperación de la salud: Tienen por objeto atender los riesgos de
enfermedad, resolviendo las deficiencias de salud de la población asegurada.
Están incluidas la atención médica, tanto ambulatoria como de hospitalización,
las medicinas e insumos médicos, el otorgamiento de prótesis y aparatos
ortopédicos imprescindibles y los servicios de rehabilitación. La prestación de
maternidad consiste en el cuidado de la salud de la madre gestante y la
atención del parto, extendiéndose al periodo de puerperio y al cuidado de la
salud del recién nacido.
c)
Prestaciones
de bienestar y promoción social: Están comprendidas las
actividades de proyección, ayuda social y de rehabilitación para el trabajo,
orientadas a la promoción de la persona y protección de su salud.
d) Prestaciones
económicas: Subsidios por incapacidad temporal, maternidad y lactancia, así como
prestaciones por sepelio.
d.1 El
subsidio por incapacidad temporal se otorga con el objeto de resarcir las
pérdidas económicas de los afiliados regulares en actividad, derivadas de la
incapacidad para el trabajo ocasionada por el deterioro de su salud.
d.2 El subsidio por maternidad se otorga
con el objeto de resarcir el lucro cesante de la afiliada regular como
consecuencia del alumbramiento y de las necesidades de cuidado del recién
nacido.
d.3 El subsidio por lactancia se otorga
a favor del recién nacido, hijo de madre o padre afiliado regular, con el
objeto de contribuir a su cuidado.
Cabe señalar que la cobertura brindada por EsSalud se
complementa con los planes de salud brindados por las entidades empleadoras ya
sea en establecimientos propios o con planes contratados con EPS, bajo la
supervisión de Susalud.
Para efectos de gozar de las prestaciones que otorga
EsSalud, los trabajadores dependientes, sin distinción del régimen laboral (Decretos
Legislativos N° 276, N° 728 y N° 1057), deben ser obligatoriamente afiliados
por sus empleadores (públicos o privados), quienes tienen a su cargo el pago de
las contribuciones, con los cuales se financia el Régimen
Contributivo de la Seguridad Social en Salud. Los trabajadores
dependientes son llamados asegurados regulares, mientras que los son llamados
asegurados potestativos (afiliados voluntarios)[13].
En el
caso de los asegurados regulares, el pago de los aportes está a cargo de los
empleadores (9% de la remuneración asegurable) cuando se trata de un trabajador
activo; mientras que en el caso de los asegurados potestativos, el pago de los
aportes se fija en función del contenido del plan elegido, siendo a cargo del
mismo. Cuando se trata, de pensionistas, el pago de los aportes son de su cargo
directo (4% del monto de la pensión)[14].
V. LA DISCUSIÓN SOBRE LA EXONERACIÓN DE LAS
GRATIFICACIONES
La Ley N° 27735 - Ley que Regula el Otorgamiento de
las Gratificaciones para los Trabajadores del Régimen de la Actividad Privada
por Fiestas Patrias y Navidad, prescribió que los trabajadores sujetos al
régimen laboral de la actividad privada tenían derecho a percibir dos
gratificaciones en el año, sin excluir de ello a los funcionarios públicos[15],
por lo que les correspondería recibir el pago de dichos conceptos en tanto
cumpla con los requisitos establecido en el artículo 6° de la citada norma.
Desde la dación de dicha norma, hasta la actualidad,
se ha debatido sobre la exoneración de las gratificaciones y aguinaldos de
Fiestas Patrias y Navidad a las contribuciones[16]
a EsSalud, así como de los aportes al SNP y al SPP. Si bien la discusión inicialmente
giró en torno a la exoneración temporal de estos descuentos, en el presente año
se discute sobre su permanencia, es decir, su inafectación[17].
Es en el 2009, que el congresista Víctor Andrés
García Belaunde propuso por primera vez la exoneración temporal a las
gratificaciones de los descuentos por las contribuciones a EsSalud, siendo que
mediante la Ley N° 29351 - Ley que reduce costos laborales a los aguinaldos y
gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad[18],
se incorporó el artículo 8°-A a la Ley N° 27735, disponiéndose que las
gratificaciones por Fiestas Patrias y Navidad correspondientes a los años 2009
y 2010 no se encuentren afectas a aportaciones, contribuciones ni descuentos de
índole alguna, excepto aquellos otros descuentos establecidos por ley o
autorizados por el trabajador.
Asimismo, se estableció que el aporte de 9% que el empleador abonaba a EsSalud,
con respecto a las gratificaciones de julio y diciembre, pase a favor de los
trabajadores, en forma de una bonificación extraordinaria, la misma que no
tiene carácter remunerativo ni pensionable, y por tanto esta inafecta con
relación a EsSalud, ONP y AFP[19].
Dicha exoneración de las gratificaciones al Impuesto a la Renta,
aportaciones correspondientes a EsSalud, AFP, ONP y EPS, amplió sus alcances
hasta el 31/12/2014, mediante la Ley N° 29714 - Ley que prorroga la vigencia de
la Ley N° 29351; asimismo, se incorporaron a los jubilados y pensionistas,
dentro de los alcances del referido beneficio.
En esta inercia, se encuadra la Ley N° 30334, que
consolida la propuesta de la inafectación de las gratificaciones por Fiestas
Patrias y Navidad, bajo los mismos alcances de las Leyes N° 29351 y 29714, con
la única particularidad de expresar su carácter permanente (definitivo).
Esto ha generado posiciones contrarias por parte del
Poder Ejecutivo, inclusive en el sentido de involucrar al Tribunal
Constitucional, para efectos de ser este la última instancia en pronunciarse respecto
de su constitucionalidad -o no- de la citada norma.
V.1 POSICIONES
EN CONFLICTO
Durante
seis años (2009-2015) se ha venido discutiendo sobre la inafectación (liberalización)
de las gratificaciones y aguinaldos a las contribuciones a EsSalud, generando
diferentes opiniones a favor y en contra de dicha medida[20].
Por
un lado, el promotor de esta propuesta -concretada hoy con la promulgación con
la Ley-considera que con dicha liberalización se otorga un efectivo (dinero) a
la población para incrementar el consumo presente, el cual debería ser de
manera permanente, expresando lo siguiente “de cada 10 soles que ingresan a
las arcas de EsSalud, tres soles son invertidos en la Bolsa de Valores y en
otras empresas”, por tanto, “el seguro social sí tiene los recursos suficientes
para autosostenerse sin recibir los aportes provenientes de las
gratificaciones”.
En
esa línea el constitucionalista García Toma, advierte que la exoneración
permanente de las gratificaciones sí es constitucional, por devenir la iniciativa
del Ejecutivo y no del Congreso.
Por
otra parte, representantes del Ministerio de Economía y Finanzas, del
Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, EsSalud, el Sindicato de esta
última entidad y algunos especialistas (economistas, laboralistas, entre otros
políticos), sostienen que la exoneración permanente de las gratificaciones
resulta inconstitucional y antitécnica por afectar la sostenibilidad financiera
de EsSalud.
Según
opiniones de los constitucionalistas Javier Valle Riestra y Quiroga, la Ley de
Liberalización -inclusive antes de su promulgación, cuando venía siendo
observada por el Ejecutivo- vulnera el principio del equilibrio presupuestario
(artículo 78° de la Constitución), como fuera advertido por la OIT en el Estudio Actuarial del 2012[21], que tiene también
como efecto directo la vulneración del derecho fundamental de la seguridad
social, sustentado en el principio de solidaridad (artículos 9°, 10° y 11° de
la Constitución) y el Convenio N° 102 de la OIT (Normas Mínimas de la Seguridad
Social).
El recorte de
S/.854 millones a EsSalud se traduce en el equivalente a dos millones de consultas,
57 mil días de hospitalización y 44 mil operaciones, que
afectan severamente las prestación del servicio de salud de un aproximado 11
millones de asegurados, cuyo impacto será mayor cada año, puesto que anualmente
se suman 500 mil nuevos asegurados. Como refiere Toyama, se beneficia a los
sanos al otorgarles más dinero, en perjuicio de los enfermos, que gastan más y
reciben una peor atención.
En
ese mismo sentido, la OIT advirtió que, de mantener la exoneración sobre el
pago de los aportes a EsSalud respecto de las gratificaciones por Fiestas
Patrias y Navidad, afectaría la sostenibilidad financiera de EsSalud, pues los
sistemas de financiación son los métodos por los cuales se asignan fondos para
proporcionar las prestaciones previstas y se establece el equilibrio entre
ingresos y gastos.
Bajo
el método de reparto, en teoría, cada año se determina el costo del régimen -gasto
total por prestaciones o beneficios concedidos- y se lo relaciona con la masa
salarial, es decir, con el total de salarios sujetos a cotización[23].
V.2 ¿LA EXONERACIÓN VULNERA EL PRINCIPIO DE
SOLIDARIDAD?
Tal como lo advertimos anteriormente, la Constitución
de 1993 reconoce el derecho universal y progresivo de toda persona a la
seguridad social como un medio para poder
atender las contingencias de las personas, y elevar -o por lo menos mantener-
su calidad vida, a través de dos tipos de prestaciones: las prestaciones
económicas (pensiones) y las prestaciones de salud (atenciones médicas y/o
económicas). Así, el Estado garantiza el libre y
equitativo acceso a las prestaciones de salud y a las pensiones.
EsSalud para poder brindar las
prestaciones de salud a los trabajadores dependientes -e independientes-, cuya
obligación es impuesta por mandato constitucional; así como para cumplir con
sus finalidades y objetivos, requiere en principio
de fondos que derivan de la recaudación de los aportes, siendo la principal y
única fuente de financiamiento sostenible en el tiempo, por lo que se debe
procurar su intangibilidad, rentabilidad, seguridad y equilibrio financiero, a
fin de mejorar dichas prestaciones, tanto para los trabajadores en actividad
como para los pensionistas o jubilados.
Dicha entidad no depende del Tesoro
Público sino de los aportes de los asegurados.
El desfinanciamiento de los fondos administrados por
Essalud limita su rentabilidad, seguridad y
equilibrio financiero, impidiendo otorgar de forma suficiente, oportuna
y completa prestaciones de salud (atención de salud y prestaciones económicas) tanto
a los asegurados como a sus derechohabientes (cónyuge y/o conviviente e hijos),
así como a los pensionistas o jubilados, de tal forma que no se resguardaría el
derecho de la seguridad social en salud de dichas personas.
Por tanto, en el régimen contributivo
de la Seguridad Social en Salud, “la solidaridad es una palabra de
unión; es la señal inequívoca de que todas las personas, de cualquier
condición, se dan cuenta de que no están solas”[24],
pues, por mandato constitucional, todos los afiliados regulares –así como los
potestativos, contribuyen con el financiamiento de dicho régimen para poder
gozar de las prestaciones de salud, ya sea en su beneficio o de sus
derechohabientes.
Según
EsSalud, en el presente año (2015) la cobertura en salud de la población
peruana es de 61.9%, siendo que la población asegurada activa en marzo asciende
a 10'552,363 asegurados, y de acuerdo a las
distribución de asegurados por tipo de seguros, el 94.35% lo conforman
los asegurados regulares, el 5.17% los asegurados agrarios y solo 0.47% los
seguros potestativos.
Como se
puede observar, es de destacar el alto porcentaje de los asegurados regulares
en EsSalud, los mismos que con sus contribuciones, en base al principio de la
solidaridad, constituyen la única y principal
fuente de financiamiento sostenible en el tiempo del régimen
contributivo de salud, por lo que el desfinanciamiento de dicho régimen -que de
por sí deteriora la solidaridad- afectaría el sistema de seguridad social en
salud, por no garantizar el libre acceso a las prestaciones de salud.
Asimismo,
recordemos que EsSalud, además de ser el principal actor del régimen
contributivo, acompaña y promueve el empleo formal, garantiza, en base al
principio de universalidad, brindando cobertura a los trabajadores
(dependientes e independientes), así como de sus familiares; y, en base al
principio de suficiencia o integridad, otorgando prestaciones suficientes,
integrales y oportunas. Para ello, en base al principio de solidaridad, es
imprescindible contar una suficiente fuente de financiamiento (en el corto,
mediano y largo plazo), que caracterizado por su intangibilidad permitirán
cumplir con el objetivo primordial de la seguridad social: la redistribución de
la riqueza con justicia social y equidad.
De tal forma, la Ley N° 30334 generaría un impacto
en los recursos que administra dicha entidad, el mismo que ya fue advertido en
el año 2012 por parte de la OIT, pues de manera definitiva, no en corto plazo,
pero su mediano y largo plazo no se estaría garantizando el otorgamiento de las
prestaciones de salud a los asegurados, los cuales están supeditados a la
disponibilidad de fondos que administra EsSalud.
Sin la generación de
dichos fondos (aportes) que tienen carácter de intangibles, se estaría
limitando la rentabilidad, seguridad y equilibrio financiero del régimen contributivo
de la seguridad social en salud, puesto que estos son fundamentales a fin
otorgar y mejorar las prestaciones de salud, tanto para los asegurados
(regulares y potestativos) como para los pensionistas o jubilados. “Una medida coyuntural se está volviendo
permanente, estimulando al reemplazo del ahorro para el futuro por el consumo
presente, que afectará la calidad de vida que tendrán en su vejez millones de
afiliados”[25].
Finalmente cabe señalar que
el acceso a la seguridad social, por su naturaleza, es una
responsabilidad pública, cuya obligatoriedad reside en otorgar prestaciones a
través de sus diferentes instituciones competentes, financiadas mediante
contribuciones o cargo a impuestos. Para dicho otorgamiento se debe contar con
una debida planificación y tener en consideración sus objetivos, funciones y
financiación.
V.3 ¿ES NECESARIO “DESLABORALIZAR” LA
SEGURIDAD SOCIAL?
La Constitución de 1993, así como su antecesora, no
difieren mucho respecto a la interacción que existe entre el Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social, el cual puede generar confusión, inclusive al momento de
legislar.
Tenemos pues, un régimen de seguridad social
claramente laboralizado, lo que plantea una serie de problemas que hasta la
actualidad no han venido siendo superados.
Es imprescindible reconocer la
autonomía de la Seguridad Social, y superar la etapa del Seguro Social, el cual
está íntimamente ligado con el Derecho Laboral, para brindar cobertura a todas
las personas, sin distinción alguna, accediendo a las prestaciones de salud y
pensiones de manera íntegra, oportuna y eficaz, pues se trata de superar la Cuarta
Etapa de la evolución histórica de los sistemas de protección social.
Un elemento clave, para iniciar la
deslaboralización de la seguridad social, es implementar programas sociales y
educativos dedicados a construir los cimientos de una “cultura en seguridad
social” que sensibilice a todas las personas en general, en todas las etapas de
su vida, sobre su importancia, los valores y principios que lo sustentan, los
mismo que derivan de la Constitución, pues la seguridad social es un derecho
humano y constitucional, es una garantía institucional. Esta medida no solo
sacará a la luz la importancia de la seguridad social, además permitirá la
recuperación –y fortalecimiento- de la
participación de la población en su financiamiento, que tendrá como fin
supremo: la redistribución de la riqueza con justicia social y equidad.
VI. CONCLUSIONES
La solidaridad social es el principal –esencial- principio
sobre el cual se erigieron diferentes sistemas de protección social hasta
llegar al nivel más avanzado: la seguridad social. Este principio se fundamenta
en la participación activa de la población en general, bajo la responsabilidad
del Estado, a través de las aportaciones y contribuciones al Sistema de
Pensiones y al Sistema de Salud, respectivamente. La finalidad es brindar
protección a todas las personas frente a las diferentes contingencias que
puedan sufrir en las diferentes etapas de su vida, teniendo a su disposición
mecanismos de protección social que permitan elevar o mantener su calidad de
vida.
He ahí la gran tarea del principio de la solidaridad
social, entendida como una manifestación de la fraternidad entre los hombres,
imponiendo que quienes convivan en sociedad, se presten ayuda recíproca. En ser
el mecanismo que viabilice la participación -desterrándose de la noción de
contraprestación- de toda la población para el financiamiento del sistema de
seguridad social, según sus posibilidades, prevaleciendo lo colectivo sobre lo individual.
Esta tarea se concreta garantizando, en materia de salud, una cobertura
universal y prestaciones eficientes, completas e integrales.
Deslaboralizar la seguridad, implica en el plano de la
realidad, y no solo en el plano doctrinal o teórico, entender la importancia de
esta institución como el sistema de protección más avanzado y desarrollado que
hasta ahora tiene la sociedad. Queda pendiente, la implementación de la
“cultura previsional” por parte del Estado, a través de programas sociales y
educativos que generen conciencia sobre la gran importancia de la seguridad
social, tanto como un derecho y como un deber. ¿Es acaso necesario que el
Tribunal Constitucional, en el uso de sus facultades, reconozca expresamente el
derecho a la educación previsional como un derecho fundamental?
Un paso hacia adelante, es que los poderes del Estado
brinden, de manera coordinada e interactuando, todas las facilidades a las
instituciones que administran los sistemas de seguridad social (pensiones y
salud), para cumplir con la mejor redistribución de las rentas, que derivan de
la participación de los trabajadores en actividad (independientes e interdependientes),
que permita el otorgamiento –integral- de servicios de salud y prestaciones
económicas. Un dialogo social con cultura previsional prevé la emisión de
normas de corte populista y no técnica.
Por todo lo expuesto, creemos que la Ley N ° 30334
producirá -en el mediano y largo plazo- un impacto negativo en los fondos que
administra EsSalud, así como en los fondos colectivos (SNP) y las cuentas
individuales (SPP) de los afiliados.
De no tomarse ninguna acción por parte del Estado se estaría
abriendo la posibilidad de que éste termine subsidiando los costos de EsSalud, a
través de los impuestos de todos los peruanos, generando una insostenibilidad
financiera en el sistemas de salud.
[1] Para Mesa-Lago, los principios
fundamentales de la seguridad social son seis: (i) universalidad en la
cobertura; (ii) igualdad, equidad o uniformidad en el trato; (iii) solidaridad
y redistribución del ingreso; (iv) comprensividad y suficiencia de las
prestaciones; (v) unidad, responsabilidad del Estado, eficiencia y participación
en la gestión, y (vi) sostenibilidad financiera. MESA-LAGO, Carmelo. “Las reformas
de pensiones en América Latina y su impacto en los principios de la seguridad
social”. Santiago de Chile, 2004, CEPAL, p. 144.
[2] ERMIDA URIARTE, Óscar. “Los principios
de la seguridad social”. En: La seguridad social en el Uruguay, Montevideo,
1993, pp. 14 y ss.
[3] En el Diccionario de
la Real Academia Española, la solidaridad es definida como “la adhesión
circunstancial a la causa o empresa de otros”. La raíz etimológica de la
palabra hace referencia a comportamientos in solidum, es decir, que se unen los destinos de dos o más
personas, lo cual deja implícito un cierto grado de compromiso entre ellas. La solidaridad
está dada por la adhesión ilimitada y total a una causa, situación o
circunstancia que implica asumir y compartir por ella beneficios y riesgos.
[4] DEVEALLI, Mario. “Derecho
y Seguridad Social”. En: Revista del V Congreso Peruano de Derecho del Trabajo
y la Seguridad Social, Lima, 1967, Instituto Peruano de Derecho del Trabajo, pp.
394-395.
[5] BEVERIDGE, William.
“Plan Beveridge. El Seguro Social en Inglaterra”. México, 2002, CIESS, p. 11.
[7] PLÁ RODRÍGUEZ, Américo. “Sin solidaridad no puede haber seguridad social”. En Revista Derecho Laboral
N° 190, Montevideo, 1988, p. 154.
[8] Como reconocen algunos autores,
por todos: RUÍZ GUILLERMO, Ángel. “La deslaboralización del Derecho de la Seguridad
Social y su autonomía con respecto al Derecho Laboral”. En: Revista
Latinoamericana de Derecho Social N° 7, Montevideo, 2008, p. 242.
[9] En materia previsional podemos
recordar el caso de las pensiones mínimas y máximas (tope) en el SNP, o el
“efecto espejo” (cédula viva) del Decreto Ley N° 20530.
[10] NEVES MUJICA, Javier. “La
seguridad social en la Constitución”. En: La Constitución peruana de 1979 y sus
problemas de aplicación, Lima, 1987, p. 182.
[11] Mediante Decreto Legislativo N° 1158 del
06/12/2013, se han fortalecido sus funciones, reestructurado su organización
interna y variado su nombre.
[12] Ley N° 27056 – Ley de creación
de EsSalud, Artículo 1°.
[13] Ley N° 26790
- Ley de Modernización de la Seguridad Social en Salud:
Artículo 3º.- Son asegurados del Régimen Contributivo de la
Seguridad Social en Salud, los afiliados regulares o potestativos y sus
derechohabientes. Son afiliados regulares:
- Los trabajadores activos que laboran bajo relación
de dependencia o en calidad de socios de cooperativas de trabajadores.
- Los pensionistas que perciben pensión
de jubilación, incapacidad o sobrevivencia.
- Los trabajadores independientes que
sean incorporados por mandato de una ley especial.
Todas las
personas no comprendidas en el párrafo anterior se afilian bajo la modalidad de
asegurados potestativos en el Seguro Social de Salud (EsSalud) o en la Entidad
Prestadora de Salud de su elección.
(…)
El Régimen
Contributivo de la Seguridad Social en Salud es de carácter obligatorio para
los afiliados regulares y los demás que señale la ley.
El Régimen Contributivo de la Seguridad Social en Salud está
autorizado para realizar, directa o indirectamente, programas de extensión
social para la atención de no asegurados de escasos recursos.
[14] El
régimen estatal se financia con recursos ordinarios provenientes del Tesoro
Público, recursos directamente recaudados generados de la operatividad del SIS,
donaciones y contribuciones no reembolsables de gobiernos, organismos de
cooperación internacional, así como aportes provenientes de personas naturales,
instituciones públicas o privadas y los recursos que le transfiera el Fondo
Intangible Solidario (constituido principalmente por donaciones).
[15] En el régimen de los Decretos
Legislativos N° 276 y N° 1057, a la
gratificación se le denomina aguinaldo, el mismo que está regulado por el T.U.O.
de la Ley N° 28411.
[16] En Derecho Tributario se
conceptúa a la contribución como una especie de tributo, cuya obligación tiene
como hecho generador beneficios derivados de la realización de obras públicas o
de actividades estatales.
[17] En materia tributaria existe una diferencia entre los
términos de inafectación y exoneración. Al respecto,
el Tribunal Fiscal, en su Resolución N° 559-4-97, ha señalado que, “la inafectación
se refiere a una situación que no ha sido comprendida dentro del campo de
aplicación del tributo, es decir, que está fuera porque no corresponde a la
descripción legal hipotética y abstracta del hecho concreto (hipótesis de
incidencia), en tanto que el término exoneración
se refiere a que, no obstante que la hipótesis de incidencia prevista
legalmente se verifica en la realidad, es decir, que se produce el hecho
imponible, éste por efectos de una norma legal no da lugar al nacimiento de la
obligación tributaria, por razones de carácter objetivo o subjetivo”.
[18] Publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 01/05/2009.
[19] Recordemos que esta medida tenía
como finalidad (temporal) apoyar el proceso de reactivación del consumo interno
de nuestra economía, producto de la crisis financiera internacional que venía
afectando a todos los países de Latinoamérica en el año 2008.
[20] Ver notas en:
[21] En
dicho estudio se concluyó que EsSalud dejó de percibir desde el año 2009
un 10,56 % de su recaudación en concepto de aportaciones sobre las
gratificaciones (S/. 1,785 millones), además, estimó que para el período
2012-2014 el monto ascendería a S/. 1,974 millones, por lo que para revertir
dicho escenario, propuso promover el restablecimiento de la aportación sobre
las gratificaciones, para efectos de aumentar los ingresos y disminuir el
déficit futuro del régimen contributivo de salud. Ver nota en: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---americas/---ro-lima/---sro
lima/documents/publication/wcms_202984.pdf, p. 122.
[22] Ver
nota en:
[23] Ver nota en:
[24]
FERNÁNDEZ PASTOR, Miguel e INÉS, Nora. Obra citada, p.7.
[25] MENDIOLA, Alfredo (et al). “Análisis del Sistema Privado de Pensiones:
Propuesta de reforma y generación de valor”. Lima, 2013, p. 120.
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